30/04/2008
La jueza de Barcelona Elisabet Castelló acordó ayer archivar la actuación judicial abierta contra 21 mujeres imputadas por abortar en las clínicas barcelonesas del ginecólogo Carlos Morin. La magistrada considera que las pacientes actuaron convencidas de que lo hacían dentro de la legalidad, con lo que se les aplica lo que técnicamente se denomina "error invencible de prohibición". La Fiscalía de Barcelona aseguró ayer que estudiará caso por caso, pero que "resulta previsible" que no recurra contra la decisión.
La jueza ha dictado un auto para cada una de las 21 mujeres que, en su día, fueron imputadas por un presunto delito de aborto ilegal. En cada una de las resoluciones detalla las circunstancias personales de la paciente, cuya identidad continúa protegida y bajo secreto, y los motivos que motivaron que acudieran a las clínicas del doctor Morin.
Las mujeres admitieron que no fueron visitadas por un médico psiquiatra y que nunca fueron informadas de que para poder practicar la interrupción del embarazo era necesario que existiera un grave peligro para su salud psíquica. Admitieron que los tests de salud mental incluidos en los historiales clínicos no los habían visto nunca y, por lo tanto, no los cumplimentaron, a pesar de que figuraba su firma real. Incluso, más de una aseguró que en las mismas clínicas, que estaban reconocidas por la Generalitat, le dijeron que no se preocupara que "todo era legal".
La jueza relata que en la sociedad española, tras la despenalización en 1985 de tres supuestos de aborto, existe una creencia generalizada de que se trata de "una actuación lícita y sobre la cual la decisión corresponde en exclusiva a la mujer gestante". No hay más que recordar, incide, que no se han dictado desde hace muchos años sentencias condenatorias para mujeres que voluntariamente se hayan sometido a una interrupción del embarazado. Y alega que la ley prevé unos supuestos de justificación que "dejan muchas vías abiertas".
Recurso previsible
La fiscalía anunció ayer que está estudiando caso a caso las resoluciones, pues aunque la juez adopta la misma decisión para 21 mujeres, son distintas sus circunstancias personales y sus declaraciones. Con todo, "resulta previsible" que no haya recurso. Si lo habrá "con toda probabilidad" por parte de los grupos católicos querellantes -E-Cristians, Alternativa Española y Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro-, según Pau Molins, el abogado que redactó una querella que, a la postre, ha derivado en el cierre de las clínicas.
La juez Elisabet Castelló también argumenta que existe la creencia generalizada de que abortar es una actuación lícita y "que corresponde en exclusiva a la mujer". Recuerda además que las únicas condenas firmes por aborto que se han dictado en España han sido contra médicos.